La debida diligencia

Autora: Mtra. Paloma Prado Robledo

“Los Estados han contraído la obligación internacional de respetar y garantizar los derechos contenidos en los instrumentos internacionales de los cuales forman parte [...] En atención a esta responsabilidad estatal surge el principio de debida diligencia” (Rochín, 2007).

¿Qué es la debida diligencia?

La debida diligencia es un proceso de investigación y evaluación llevado a cabo previo a la toma de decisiones en ámbitos legales o comerciales de relevancia. Su propósito fundamental radica en recopilar información precisa y relevante sobre una situación, persona, empresa u otra entidad, con el fin de tomar decisiones informadas y disminuir el riesgo de cometer errores o incumplir con obligaciones legales.

En el ámbito penal y de derechos humanos, la debida diligencia se refiere al principio donde la autoridad tiene la obligación de actuar e investigar de forma prudente y razonable, apegada a derecho, conforme a las circunstancias de un caso (CNDH, 2019). Para Broun (2020),constituye un principio ético en virtud del cual las personas servidoras públicas y las instituciones que imparten justicia deben regir su accionar.

Fundamentos jurídicos de la debida diligencia

De acuerdo con Gómez y Herrera (2018), la debida diligencia se fundamenta en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José (OEA, 1969), misma que fue adoptada por México en 1981 y cuyos principios fueron reconocidos, a nivel constitucional, gracias a la reforma de 2011 en materia de derechos humanos. En el artículo 1.1 de este documento, se señala lo siguiente:

Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social (p. 2).

Para cumplir con estas obligaciones, los Estados Parte de la OEA, incluyendo a México, deben  “[adecuar todo] el aparato gubernamental para tener la capacidad de asegurar, formal y materialmente, la consolidación de los derechos humanos” (Gómez y Herrera, 2018, p. 89). Asimismo, deben tener en cuenta la debida diligencia, es decir, deben emplear, de buena fe, todos los medios a su alcance para proteger los derechos humanos de los individuos (Echandi, 2006, citado en Rochín, 2007). 

Principios de la debida diligencia

De León, Krsticevic y Obando (2010) indican que hay seis principios generales a los que deben apegarse todos los sistemas jurídicos, para dar cumplimiento a la debida diligencia, y así garantizar el respeto a los derechos humanos y el acceso efectivo a la justicia:

1. Oficiosidad. Cuando un Estado tiene conocimiento de una violación a los derechos humanos, debe iniciar una investigación de oficio, es decir, esta debe comenzar aun cuando no exista un denunciante.
2. Oportunidad. Las investigaciones deben iniciar de forma inmediata y desarrollarse en plazos razonables.
3. Competencia. Las investigaciones deben ser llevadas a cabo por profesionales capacitados para ello, en forma rigurosa y con el uso adecuado de procedimientos para cada caso.
4. Independencia e imparcialidad. La independencia es “uno de los principios básicos que garantizan el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, que exige que el juez no esté sometido a voluntad alguna distinta de la de la ley” (RAE, 2023). Por otra parte, la imparcialidad es el “derecho de toda persona a un juez que mantenga una actitud de neutralidad con respecto al objeto del litigio y a los litigantes” (RAE, 2023). 
5. Exhaustividad. Las investigaciones deben emplear todos los medios a su alcance para esclarecer los hechos.
6. Participación de las víctimas y sus familiares. Las investigaciones deben garantizar que tanto las víctimas como sus familias sean respetadas y participen, plenamente, en todas las etapas que comprende el proceso judicial.

El papel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Cuando hay una violación a los derechos humanos que “es imputable al Estado (en términos del derecho internacional), bien por alguna omisión o acción atribuible al poder público” (Rochín, 2007), se puede recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia que “determina si un Estado ha incurrido en responsabilidad internacional por la violación de alguno de los derechos consagrados en la Convención Americana o en otros tratados de derechos humanos aplicables al Sistema Interamericano” (CIDH, 2019, p. 10).

Al día de hoy, a México se le han abierto 21 causas ante esta Corte, de los cuales de diecisiete casos ya cuentan con sentencia y cuatro se encuentran en trámite (CIDH, 2023). Rangel (2011) menciona que, si bien estas condenas han mostrado que aún hay importantes áreas de oportunidad en México con respecto a la “protección defensa y ejercicio de los derechos humanos [también] han servido para hacer evidente esta situación y para hacer conciencia de que hay que cambiar de rumbo, uno plenamente dirigido a su máxima garantía” (p. 186). 

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Referencias bibliográficas

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2023). Mapa de casos por país. Corte Interamericana de Derechos Humanos. https://www.corteidh.or.cr/mapa_casos_pais.cfm

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2019). ABC de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: El qué, cómo, cuándo, dónde y porqué de la Corte Interamericana. Preguntas frecuentes. Corte IDH. https://www.corteidh.or.cr/tablas/abccorte/abc/7/#zoom=z

De León, G., Krsticevic, V. y Obando, L. (2010). Debida Diligencia en la Investigación de Graves Violaciones a Derechos Humanos. CEJIL. https://www.corteidh.or.cr/tablas/r25129.pdf

Gómez, A. y Herrera, D. F. (2018). La debida diligencia judicial y la protección de los derechos humanos de las mujeres en contextos de violencia. Iustitia, (16), 85-97. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7518788

Organización de los Estados Americanos. (1969). Convención Americana de Derechos Humanos. OEA. https://www.oas.org/dil/esp/1969_Convenci%C3%B3n_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf

Rangel, L. (2011). Sentencias condenatorias al Estado mexicano dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus implicaciones en el orden jurídico nacional. Revista IUS, 5(28), 160-186. https://www.scielo.org.mx/pdf/rius/v5n28/v5n28a8.pdf

Real Academia Española. (2023). Derecho a la imparcialidad judicial. En Diccionario panhispánico del español jurídico (DPEJ). https://dpej.rae.es/lema/derecho-a-la-imparcialidad-judicial

Real Academia Española. (2023). Independencia judicial. En Diccionario panhispánico del español jurídico (DPEJ). https://dpej.rae.es/lema/independencia-judicial

Rochín, S. J. (2007). Responsabilidad por omisión: “Principio de debida diligencia”. Legislar para la igualdad, (1). https://www.diputados.gob.mx/documentos/boletin1/art4.html#:~:text=En%20atenci%C3%B3n%20a%20esta%20responsabilidad,derecho%20(Echandi%2C%202006)