Construyendo un sistema judicial eficiente: Conoce el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares

Universidad de las Ciencias 

El nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares  es un hito importante para agilizar procedimientos judiciales, ya que promueve la implementación de la oralidad, el uso de la justicia digital y garantiza el respeto a los derechos humanos. 

El nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares

En abril del 2023, el Senado de la República aprobó por unanimidad el proyecto que establece el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el cual representa un hito importante para agilizar procesos tan comunes en México como las adopciones, herencias, pensiones alimenticias, divorcios, desocupación de inmuebles y otros. 

De acuerdo con el último Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal realizado por el INEGI, en 2019 más del 65% de los casos presentados en primera instancia en los poderes judiciales estatales correspondían a asuntos en las áreas civil y familiar. Específicamente, el 27.8% de los casos correspondieron a asuntos civiles y el 39.4% a asuntos familiares.

Por lo tanto, el principal objetivo de esta nueva herramienta es agilizar la mayoría de los procesos judiciales al priorizar la oralidad y garantizar un acceso efectivo a la justicia pronta, completa, imparcial y expedita. Además, se impulsará el uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC) en los procesos judiciales para unificar criterios y bases normativas, con el fin de lograr una solución justa y equitativa de los conflictos.

Aspectos clave del nuevo código de procedimientos

Algunos de los cambios relevantes que se implementarán con la reforma son los siguientes:

• Implementación basada en la oralidad. Por regla general los procesos se desarrollarán en audiencias orales, salvo algunas excepciones. Se adopta este criterio como principio y metodología de los procedimientos de justicia.
• Justicia digital y tecnologías de la información. Todos los procedimientos, trámites y sentencias podrán realizarse en línea, celebrar algunas audiencias a distancia, emitir resoluciones electrónicas, emplazamientos vía correo electrónico y promover el uso de firmas electrónicas para autentificación.
• Unificación de criterios a nivel nacional. El código incorpora las mejores prácticas y experiencias de impartición de justicia de las entidades federativas, buscando homogeneizar los procedimientos civiles y familiares en todo el país. Esto permitirá una mayor coherencia y consistencia en la resolución de conflictos, brindando certeza jurídica a los ciudadanos.
• Prioridad a grupos vulnerables y perspectiva de género. Se incorporan como principios los de interés superior de la niñez, perspectiva de género y accesibilidad para grupos sociales vulnerables. Así por ejemplo, se garantiza el respeto a los derechos humanos y se prioriza la no revictimización de mujeres, niños y adolescentes en casos de violencia.
• Juicios sumarios orales. Los juzgadores podrán decidir qué casos se podrán desahogar en menos de 30 días y de manera oral.
• Prioridad a la justicia alternativa. Se prevé que los juzgadores deben priorizar el uso de medios alternativos de solución de controversias, tales como la mediación, la reparación del daño y la conciliación.

Retos de la implementación del Nuevo Código Nacional

El Senado dio como plazo para la ejecución de los nuevos procedimientos hasta el año 2027, con la finalidad de que el poder judicial se prepare adecuadamente para su aplicación. Algunos retos que deben enfrentarse en esta materia son: 

• Difusión de los nuevos cambios: es necesario crear parlamentos abiertos integrados por jueces, abogados, penalistas y otros especialistas relevantes en la justicia penal; para dar a conocer los cambios en materia civil y familiar.  
• Capacitación y formación: El cambio hacia un modelo más oral, ágil y digital requiere una capacitación exhaustiva tanto para los operadores judiciales como para los abogados y profesionales del derecho. Es fundamental garantizar que todos los involucrados comprendan las nuevas disposiciones, los procedimientos y las técnicas de litigio oral.
• Infraestructura adecuada: La implementación exitosa del nuevo código requiere contar con la infraestructura adecuada. Esto implica la creación de salas de audiencias apropiadas, el equipamiento tecnológico necesario y la disponibilidad de recursos suficientes para garantizar un funcionamiento eficiente de los juzgados.
• Planes y programas de estudio de las universidades actualizados: Las universidades deben evaluar y actualizar sus planes de estudio de carreras como derecho, criminología, psicología jurídica y otras para asegurarse de que estén alineadas con las nuevas disposiciones y enfoques del código. Esto implica incorporar los principios de oralidad, agilidad procesal y uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC) en los programas académicos.

En este sentido, la Universidad de las Ciencias cuenta con planes y programas en continua actualización, un ejemplo es la Licenciatura en Derecho Digital, la cual tiene como propósito formar líderes en el campo del Derecho que afronten y solucionen problemas legales y jurídicos derivados de la continua transformación digital del país.

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Referencias

Senado de la República. (2023). Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Gaceta del Senado.